El proyecto de ley sobre Convivencia , Buen Trato y Bienestar de las comunidades educativas, impulsado por el Ministerio de Educación, quiere mejorar la convivencia al interior de los establecimientos educativos, sin embargo, su exceso de normas debilita la libertad de enseñanza, la autonomía y la existencia de los vínculos propios y significativos de la comunidad escolar.

El aumento de denuncias por convivencia escolar llegaron s su máximo histórico a septiembre de 2024. La cifra aumentó en un 1.3 % respecto al año anterior, registrando 8.864 denuncias . Las comunidades educativas han tenido que enfrenta hechos cada día más graves y complejos de violencia , acoso, discriminación y maltrato entre otros.

Frente a esta preocupante situación, el Gobierno ingresó en junio de 2024 el proyecto de Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las comunidades educativas,  con la finalidad de prevenir y erradicar estas situaciones.

Luego de su tramitación en el Congreso , la iniciativa fue aprobada casi en su totalidad y comenzará a implementarse al inicio del año escolar 2025.

Sin embargo, el proyecto tiene graves deficiencias que harán aún más compleja la convivencia escolar. La  regulación de esta ley afectará la libertad de enseñanza y la autonomía de los establecimientos,  al imponer una única forma para solucionar estas temáticas  para todos los establecimientos educacionales sin considerar sus realidades particulares y su propio proyecto educativo. Con ello se le quita su capacidad para buscar soluciones que se acomoden a sus propias realidades y elimina el trabajo conjunto de directivos, docentes, asistentes, funcionarios y familias para abordar las complejidades de este fenómeno.

A su vez, el proyecto debilita la autoridad y la gestión de los directores al establecer un Consejo Escolar con facultades resolutivas, es decir con poder de veto, incluso sobre modificaciones al reglamento interno y en consecuencia al proyecto educativo, vulnerando la libertad de enseñanza.

Otro factor preocupante , es que no entrega capacitación, herramientas  ni recursos para financiar las nuevas exigencias.

Además de las críticas estructurales mencionadas, el proyecto se basa en una sobrerregulación de la vida comunitaria , cuyos efectos serán  contrarios a los que se buscan.

Lamentablemente , al burocratizar un exceso de normas por parte del Estado, las comunidades pierden autonomía y se debilita la existencia de  los vínculos propios y significativos  de  la comunidad escolar.